Posteado por: Administrador | 24 septiembre 2013

Genaro Arias Herrero

 

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José Luis Alonso Marchante – 16/12/06

 

Genaro Arias Herrero había nacido el 19 de septiembre de 1902 en Santa Olaja de la Varga, un pequeño pueblo perteneciente al ayuntamiento de Cistierna en León.  Empleado como minero en las explotaciones de Laciana, fijará su residencia en Villaseca.  Debido a un accidente perderá parte del pie derecho, razón por la cuál se le conocerá con el apodo de “El Pata.
Participa activamente en las protestas mineras durante el período republicano, que buscan dignificar la vida de los obreros frente a décadas de injusticia y caciquismo patronal.  Se convierte en uno de los principales organizadores del Sindicato Minero de Laciana, perteneciente a la U.G.T., siendo el representante del mismo por su pueblo, Villaseca.
Durante los meses previos a la sublevación militar, Genaro Arias Herrero era el presidente de la Casa del Pueblo de Villaseca y uno de los principales líderes obreros debido a su cargo en el Sindicato Minero.  En el transcurso de la revuelta minera de octubre de 1934, Genaro participó en el asalto de la mina “Teófilo” junto a unos mil doscientos mineros.
Una vez comenzada la guerra civil, se opuso al avance de las columnas de militares sublevados, guiando una partida de trescientos mineros hasta La Magdalena de donde tuvieron que retirarse ante la impresionante maquinaria militar franquista.  Organizó, junto con otros socialistas como Alfredo Nistal Martínez, Manuel Riesco de Lama y Antonio Rodríguez Calleja, el Comité de Guerra de Villablino. Tras la ocupación en agosto de 1936 de la comarca de Laciana por parte de los militares pasó a Asturias por el concejo de Somiedo, donde creó en compañía de Moisés Álvarez Nieto el Comité de Guerra de Somiedo.  Junto a ellos pasaron a Asturias familias enteras de los pueblos leoneses de las comarcas de El Bierzo, Babia y Laciana, que huían de la salvaje represión desatada por militares y falangistas.
En octubre de 1936, Genaro se incorporó como oficial ayudante del comandante José García González al Batallón n.º 242 “Guerra Pardo”, combatiendo en Asturias y Euskadi.  Herido en el frente, pasó varios meses hospitalizado, ingresando tras su recuperación en el Batallón n.º 250 como teniente de enlace.
El 2 de octubre de 1937 en el transcurso de un ataque franquista en el frente de Lillo (León) fue hecho prisionero, siendo trasladado a la prisión de San Marcos de la capital leonesa donde, inmediatamente, se le formó consejo de guerra sumarísimo.

UN JUICIO SIN GARANTÍAS
La voluminosa causa contra Genero Arias se compone de una treintena de declaraciones, procedentes mayoritariamente de somedanos evadidos a la zona sublevada, vecinos del pueblo de Valle del Lago.  La mayor parte de las declaraciones se limitan a reconocer a Genaro Arias Herrero como presidente del Comité de Guerra de Somiedo.  Así, Francisco Lana Álvarez (41 años, Valle del Lago) dice que “se organizaron comités integrados en su mayor parte por evadidos de la zona minera de Villablino y de estos recuerda a un tal Pata Seca, Sánchez y otros”.  Constantina Álvarez Álvarez (21 años, Valle del Lago) declara “que sabe que se constituyó un Comité de Guerra en Pola y que lo integraban dos individuos de Villaseca uno llamado Moisés y otro El Patas.  El falangista Servando Díaz Tablón (26 años Valle del Lago) va más lejos y asegura que Genaro “es el responsable de todos los asesinatos, robos y detenciones que se hicieron en todo el concejo”, mientras que su hermano, también falangista, Nicanor Díaz Tablón (31 años, Valle del Lago), repite la misma acusación afirmando que “de todos los crímenes y atropellos que hubo en Somiedo es el inculpado el responsable y lo tienen por un elemento muy peligroso y de ideas avanzadas”.
Las declaraciones de los vecinos de los pueblos de Laciana incluidas en el sumario hablan de saqueos y requisas.  No hay acusaciones de asesinato puesto que los republicanos no provocaron ninguna víctima mortal en la comarca.  Las diez personas que aparecen en la Causa General de la Dominación Roja como asesinadas por los republicanos fueron, en realidad, detenidos primeramente en la cárcel de Corias, de Cangas del Narcea, y posteriormente trasladados a la prisión de Sama de Langreo donde, el 19 de septiembre de 1936, una bomba lanzada por la aviación franquista los mató en sus celdas. Entre los nombres de milicianos que aparecen vinculados a estas detenciones ni una sola vez aparece el de Genaro Arias, lo que no impidió que, por ejemplo,  Manuel García González (79 años, Vega de Viejos) manifestara “que era una de las personas peores que han pasado por estas zonas”.
Varios testimonios, llenos de contradicciones, señalan la presencia de Genaro Arias en el lugar de ejecución de los prisioneros del “copo” del Puerto de Somiedo.  El que más tarde sería jefe de la Falange de Somiedo, Elías Sierra Álvarez (31 años, Urria), afirmó en su declaración que “fusilaron a las enfermeras (…) y dicho inculpado presenció tales ejecuciones desde la carretera” concluyendo que es “un individuo muy peligroso para la Causa Nacional”.  Por su parte, José Antonio Díaz Álvarez (43 años, Valle del Lago) declaró que “oyó decir a los milicianos que El Pata en unión de los del comité presenciaron, desde la carretera, el asesinato de las enfermeras y de otros dos” para terminar lapidariamente asegurando “que ha cometido infinidad de atropellos que es imposible recordar”.  Eloy Álvarez Álvarez (43 años, Valle del Lago) manifiesta que “cuando sacaban a los prisioneros para fusilarlos, vio al inculpado que iba acompañándolos montado a caballo en unión de un tal Sánchez”.
Sin embargo, mientras estos testigos afirman que Genaro Arias estaba presente en Pola de Somiedo el día de los asesinatos, otra declaración incluida en el mismo sumario lo desmiente.  Se trata de Isidoro Colado Merino (23 años, León), uno de los soldados del Regimiento de Infantería Burgos n. 31 detenidos en el “copo” del Puerto, quien declara que Genaro “fue uno de los jefes que llevó a todos los soldados detenidos a Gijón y que fue el que los presentó en la Comandancia Militar”.  El traslado de los prisioneros se llevó a cabo antes del fusilamiento de las tres astorganas por lo que si Genaro estaba en Gijón no podía estar al mismo tiempo en Pola de Somiedo.
Un ejemplo de la inconsistencia del proceso judicial y de la falta de garantías para el acusado lo constituye la declaración de Antonio Marrón Ordás (33 años, El Coto) quién tras manifestar que “ignora si estaba presente el inculpado cuando el asesinato de las enfermeras y prisioneros cogidos en el puerto de Somiedo y no sabe si pudo dar la orden para estos asesinatos” concluye afirmando que “no le extrañaría pues era uno de los peores de todo el Comité (…) teniéndolo por un individuo muy peligroso”.  El que así habla se hizo falangista tras evadirse a León en abril de 1937 y, al concluir la guerra en Asturias, regresó a Somiedo participando activamente en la represión de sus vecinos.  Diversos testimonios señalan a Antonio Marrón como uno de los principales represores en el concejo de Somiedo y en multitud de consejos de guerra su declaración fue determinante para fusilar al detenido.  Años después unos desconocidos le propinaron en el monte una brutal paliza a consecuencia de la cuál falleció pocos días más tarde.
Ante tal cúmulo de acusaciones de nada sirvió la declaración del único sacerdote interrogado en el consejo de guerra de Genaro Arias Herrero.  José Gutiérrez Fernández (47 años, Villaseca), cura párroco del mismo pueblo que el acusado, se atrevió a declarar que “era una persona de orden y que no sabe ni ha oído nunca que haya cometido ningún delito ni falta que esté penada por la ley”.  Sin embargo, el tribunal prefirió escuchar a Melquiades Ocaña Carballo (45 años, Sahagún), brigada de la guardia civil que, sin acusar de nada en concreto a Genaro, manifestó que “considero al inculpado como persona incompatible con la nueva España que se está forjando”.  Un eufemismo para pedir el asesinato de un hombre.

EL SALVAJE ASESINATO
El diecisiete de octubre de 1937 en la prisión de León Genaro Arias Herrero compareció ante el juez instructor, el comandante Adolfo Fernández Nava, que le leyó el auto de procesamiento y le interrogó de acuerdo al mismo.  Genaro reconoció formar parte de los distintos comités obreros que se formaron en Laciana y Somiedo pero, con respecto al asesinato de los prisioneros del Puerto, aseguró “que se encontraba en Belmonte y por tanto no pudo intervenir en lo que se le acusa”.
Cinco días después, el 22 de octubre de 1937, se celebró en la sala de justicia del cuartel del Cid de León el consejo de guerra contra Genaro Arias Herrero.  El fiscal, Faustino Díez, oficial del cuerpo jurídico, solicitó al tribunal que “en méritos a la perversidad del encausado se le aplique la pena de muerte en garrote vil”.  La defensa, representada por el alférez de infantería Bonifacio Pérez Velasco, manifestó que “seguramente el procesado es un anormal cuya inteligencia pobrísima envenenaron con sus doctrinas y predicaciones otras personas, solicitando del Consejo que tenga en cuenta este hecho seguramente indudable de la total anormalidad mental del procesado para dictar un fallo justo”.  Estas declaraciones del abogado defensor, militar sublevado como el resto de los componentes del tribunal, constituyen una terrible prueba de la perversidad de la justicia militar franquista y de la indefensión de los acusados que, si nada podían hacer para evitar su asesinato, al menos tenían derecho a ser tratados como seres humanos.
Genaro Arias Herrero, en el juicio, insistió en que “no fue comandante de Somiedo y que en la época de los asesinatos no estaba él en el pueblo”.  El tribunal, presidido por el teniente coronel Ángel González Vázquez y actuando como vocales el capitán de infantería retirado Enrique Fuciños Codesino, los capitanes de infantería José del Arco García y Juan Carnicero Méndez, el capitán de artillería Severino Paris y el capitán de la guardia civil Miguel Moset y Sánchez Carpio, se retira brevemente a deliberar.  Pero la sentencia ya estaba decidida de antemano: pena de muerte.  Además el tribunal, recogiendo la sugerencia del fiscal, ordena que se recabe la correspondiente autorización del Jefe del Estado para ejecutar a Genaro mediante garrote.  Dos días después, el general Franco da el visto bueno y es solicitado un verdugo a la Audiencia Territorial de Valladolid “por no haber ejecutor de justicia en esta provincia”, el cuál viajará a León en tren esa misma noche.
A las dieciocho horas del día 25 de octubre de 1937 Genaro Arias Herrero será asesinado mediante garrote en el patio de la prisión provincial de León.  En el registro civil su defunción será inscrita como provocada por “inhibición cardiaca”, sin ninguna referencia al método empleado para asesinarlo.
Genaro Arias Herrero dejó un hijo de corta edad, Trinidad Arias Tejerina, que jamás pudo superar la infamia con la que siempre se trató la memoria de su padre.  Su viuda, Nieves Tejerina Alaez, nonagenaria de mente lúcida, recuerda tristemente como durante décadas los falangistas le hicieron la vida imposible.
Pero, mientras en pleno siglo XXI los herederos del franquismo trabajan denodadamente para elevar a sus muertos a los altares, con categoría de mártires y todo, los perdedores de siempre asisten impotentes a un nuevo asesinato de los suyos.  Genaro Arias Herrero, dirigente socialista de los mineros de Laciana, fue un hombre que, en vez de resignarse a la derrota, trató de oponerse al avance de los militares sublevados y combatió durante meses en el Ejército Popular republicano.  Como tantos otros, fue asesinado en cuanto cayó prisionero por un grupo de oficiales arrogantes que, además, demostraron su brutalidad al emplear con él el salvaje método del garrote vil.
Lejos de reconocer su lucha contra un régimen fascista, aliado de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini, en vez de levantarle en su pueblo un monumento como hacen en Francia con los resistentes contra los nazis, a Genaro Arias Herrero en la España del siglo XXI se le sigue asesinando impunemente.

 

Posteado por: Administrador | 22 julio 2011

Juan García Arias

Diario de León 10/07/2011 (Revista)

Tres objetos sirven para contar las últimas semanas del que era alcalde de Ponferrada en el verano de 1936. Un reloj, una carta y un mechón de su pelo.

Esta es la historia de tres objetos; un reloj, un mechón de pelón y una carta. Los dos primeros pertenecieron al último alcalde republicano de Ponferrada, Juan García Arias, fusilado al amanecer del 30 de julio de 1936 en las tapias del cementerio leonés de Puente Castro, después de permanecer una semana encerrado en los sótanos de San Marcos. El tercero es una cuartilla que le escribió a su esposa y a sus hijos unas horas antes de que lo mataran y tras 75 años en el archivo familiar, todavía puede verse la tinta de algunas palabras borrada por las lágrimas. «No tengo ánimos nada más que para deciros adiós con toda mi alma», escribió el condenado.

A punto de cumplirse 75 años de su muerte, y 75 de la rebelión militar que terminó con la Segunda República, un libro coescrito por uno de sus hijos, el sociólogo José Luis García Herrero, junto con el investigador Santiago Macías y el periodista Javier Santiago, empieza a cubrir una de las lagunas históricas más sangrantes de la historia de Ponferrada; la de un alcalde de 32 años, socialista moderado y conciliador, que sólo permaneció dos meses en el cargo y no pudo evitar, aunque lo intentó, el estallido de violencia que recorrió la ciudad entre el 20 y el 21 de julio de 1936. Juan García Arias. Memoria histórica del último alcalde republicano de Ponferrada , editado por Hontanar, no deja de ser una semblanza emotiva de algunos aspectos de la vida del joven regidor. Pero todavía queda mucho por contar de aquel hombre y de aquellos días.

 

Un reloj de bolsillo perdido

La historia comienza con un reloj. Un reloj de bolsillo perdido entre los hierros de un accidente ferroviario. Sucedió en el Túnel de las Fragas, a las puertas de Ponferrada, el 23 de junio de 1936. El tren expreso Madrid-Coruña circulaba con dos horas de retraso y a las seis de la mañana, después de dejar atrás la estación de San Miguel de las Dueñas sin ver la señal de parada, chocó contra un convoy de mercancías que acaba de salir de Ponferrada en la boca del túnel situado a seis kilómetros de la ciudad. En su edición vespertina, ése mismo día, el diario ABC de Madrid informaba de que a las tres de la tarde sólo se había extraído ocho cadáveres. «Las víctimas que haya en los coches que están el interior del túnel se ignoran, pues los trabajos, a consecuencia de las condiciones del túnel y la forma en que quedaron los vagones, se hacen con muchísima dificultad por la brigada de obreros que trabaja allí», informaba el rotativo madrileño.

Y entre los obreros, los médicos y los enfermeros, organizando el rescate y auxiliando a los heridos, se encontraba el joven alcalde de la ciudad, en el cargo desde apenas hacía unos días, después de la enésima crisis del gobierno local del Frente Popular. «Mi padre estuvo ayudando a sacar heridos, horas y horas trabajando», cuenta en su casa de Ponferrada, donde recibe a este periódico un sábado por la mañana, José Luis García Herrero. Aquel día de junio perdieron la vida una veintena de viajeros, y Juan García Arias se dejó entre las vías su reloj de bolsillo. «Era un reloj de oro, muy bonito, con cadenas» explica García Herrero, que ha cumplido los ochenta años.

Juan García Arias, que además de alcalde, trabajaba en la Inspección de la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España en Ponferrada, recibiría pocos días después un regalo inesperado. En agradecimiento a «su valor, su altruísta y humanitaria actuación», la empresa había decidido regalarle su último reloj. Un reloj que sus familiares no encontraron en sus bolsillos cuando acudieron a recoger su cadáver en el cementerio de Puente Castro.

 

Hijo de chapista y pantalonera

La historia continúa con un mechón de pelo. Juan García Arias acabó muriendo en la misma ciudad de León donde había nacido en 1904, en el hogar de una familia obrera. «Mi abuela era pantalonera y mi abuelo, chapista. Quedó sordo porque trabajaba dentro de las locomotoras», cuenta García Herrero en el salón de su casa, con la persiana bajada para que no entre el sol y los libros ordenados en sus estantes.

A su padre le habían gustado los libros desde niño. Como sus tíos. Juan García Arias fue un autodidacta. Leyó mucho y dejó escritas una veintena de obras de teatro que se han perdido, algunos poemas sueltos y un aluvión de artículos de temas sociales publicados sobre todo en la prensa palentina, donde a finales de los años veinte era administrativo en la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España. Allí conoció a Mercedes Herrero, hija de un teniente coronel «con mando en la plaza», de buena familia, «no pía, pero muy religiosa», según su hijo. A Mercedes Herrero no le importó que Juan García Arias fuera de origen obrero y además «agnóstico o ateo, no lo sé muy bien», reconoce García Herrero, para casarse con él y darle cuatro hijos; la última, una niña nacida en diciembre de 1936, a los cinco meses del fusilamiento de su padre.

Ascendido a la Inspección de los ferrocarriles en Ponferrada, y miembro del Partido Socialista, García Arias fue elegido concejal en las filas del Frente Popular en febrero de 1936. Ya por entonces, la izquierda en Ponferrada no estaba bien avenida y después una serie de crisis de gobierno que desembocaron en la constitución de una gestora que tampoco funcionó, el Gobierno Civil de León optaba por pioner de regidor al joven teniente de alcalde García Arias, con la esperanza de que su carácter conciliador acabara con los escándalos políticos. Era el 14 de mayo de 1936 y a Juan García Arias sólo le quedaban por delante diez semanas como alcalde.

En los dos meses y medio siguientes, ser socialista, pertenecer al Frente Popular y ocupar el sillón de regidor de Ponferrada acabó por convertirse una trampa. El 18 de julio se producía la rebelión militar y aunque aquel día no sucedió nada en la ciudad, el Ejército ya se había sublevado en África y la capital berciana se acostaba inquieta.

El capitán Román Losada, que durante la dictadura daría nombre a una de las principales calles de la ciudad, le había asegurado al alcalde que la Guardia Civil estaba con la República, según el relato que le trasmitió su madre a José Luis García Herrero. Los propios cronistas del régimen de Franco, sin embargo, ya dejaban escrito en 1941 ( Historia de la Cruzada Española . Madrid. Ediciones Españolas) que los puestos de la tercera compañía de la Guardia Civil había recibido órdenes de los conspiradores en León para concentrarse en el cuartel de Ponferrada. Hasta allí comenzaron a desplazarse los miembros de las líneas de Villablino y Villafranca del Bierzo al mando de los tenientes Emilio Martínez Blanco y Juan López Alén, hasta reunir a un contingente de 160 hombres.

El día 20 de julio, sin embargo, llegó a la ciudad procedente de Benavente el tren de mineros asturianos que llevaba dos días circulando por Castilla La Vieja, sin poder auxiliar al Gobierno republicano de Madrid. Juan García Arias, creyendo que tenía la situación controlada, se negó a darles armas y desde el balcón de la Casa Consistorial, convenció a los milicianos para que siguieran el camino de regreso hacia Oviedo, donde el coronel Aranda acababa de sumarse al bando de los sublevados.

Los retazos de aquel día nefasto, que acabó por costarle la vida a Juan García Arias en un juicio sumario, se pueden reconstruir con la documentación sobre el proceso que ha consultado el investigador Santiago Macías y con el relato que la madre de García Herrero le contó a su hijo y que contrasta con la versión de la Historia de la Cruzada Española , escrita sólo sólo cinco años después de los hechos y donde se demuestra el dicho de que la historia la escriben los vencedores.

 

Protegidos en la cárcel

«Los interrogatorios, los informes de conducta, las denuncias o los atestados de las fuerzas del ejército y de la Guardia Civil nos acercan a la figura de un hombre cuyo único delito fue mantener el orden en la ciudad hasta la llegada de las fuerzas del ejército sublevado», escribe Macías en el prólogo del libro de Hontanar. Y para mantener el orden, y evitar represelias, Juan García Arias trató de poner a salvo a las personas que podían temer por su vida ante hipotéticas represalias de las masas exaltadas por la rebelión del Ejército encerrándolas en la cárcel municipal de la calle del Reloj, hoy Museo del Bierzo. «Durante los tres días que la ciudad permaneció bajo control gubernamental, los principales derechistas fueron detenidos; en uno de los interrogatorios, el alcalde justificó aquellas detenciones en un deseo de garantizar su seguridad y lo cierto es que ninguno de ellos sufrió maltrato alguno, como acabarían reconociendo en declaraciones posteriores», añade Macías.

A José Luis García Herrero, que tenía cinco años en aquellos días, su madre le contó cómo se subió a una caja para alcanzar a ver la plaza desde el balcón del Ayuntamiento, mientras su padre trataba de aplacar aquel 20 de julio a los mineros. «Tu padre salió al balcón para hablarles y como tú querías asomarte y no llegabas a la barandilla, te sacó una caja de cartón que había dentro y te subiste a ella, te agarraste con las manos y ahí estuviste mirando», cuenta el sociólogo poniéndole voz al relato de su madre. Y sigue. «Tú padre les calmó, les dijo, tranquilos, iros, no pasa nada. He hablado con los militares y con el capitán Losada, de la Guardia Civil, y han dicho que están con la República. Te lo digo como me lo contó mi madre», asegura el hijo del alcalde al periodista, 75 años después de los hechos. De nuevo, el carácter conciliador de Juan García Arias.

Por si fuera poco, García Herrero también afirma que su padre impidió aquel día que los mineros quemaran la antigua iglesia de San Pedro, que se encontraba en lo que hoy es el edificio de Telefónica de la avenida de La Puebla. «A la iglesia se entra o no se entra, y el que no quiera entrar que no entre, pero esta iglesia no se quema», asegura el sociólogo que les dijo el alcalde a los asturianos.

Pero no pudo evitar que se produjeran disparos en torno al cuartel de la Guardia Civil, que entonces se encontraba en lo que hoy es la avenida de España, y en torno a la casa del capitán Román Losada «Si fue ataque o no fue, no se sabe», afirma el hijo octogenario del joven regidor.

 

El asedio al cuartel

El teniente de los guardias de asalto Alejandro García Menéndez, que iba al frente de la columna de mineros, entró a parlamentar en el cuartel con bandera blanca -”la Historia de la Cruzada Españolatergiversa los hechos y asegura que «pedía parlamento y expresaba su deseo de rendirse»-” después de los primeros disparos. Los guardias civiles habían gritado algunos tímidos vivas a la República al paso de los mineros que no convencieron a los milicianos, pero no está claro quién disparó primero, cuenta García Herrero. El propio capitán Losada, que venía de reunirse en su casa con el teniente López Alén, del puesto de Villafranca, desarmó a García Menéndez dentro del cuartel y le dijo textualmente: «Triunfó el Movimiento. Queda usted detenido», según recoge el periodista Javier Santiago.

Después de la detención de García Menéndez, se sucedieron horas confusas en Ponferrada, con combates entre la Guardia Civil y los mineros y los obreros de Laciana que no habían regresado a Asturias. La Historia de la Cruzada Española sirve de termómetro para medir la inquina con la que el bando vencedor trató de justificar posteriormente el fusilamiento de Juan García Arias. «El capitán Losada llamó por teléfono al alcalde para pedirle un médico que curase a los guardias heridos y aquel, por respuesta, cortó la comunicación», escribía en 1941 el anónimo cronista del régimen. Y a continuación, sin citar ninguna fuente, añadía que el regidor «ordenó, además, que los trenes que estaban formándose para la salida de los mineros cesasen en sus maniobras y que nadie pensase en marchar de Ponferrada mientras quedase una cabeza con tricornio».

La realidad es que, lejos de dar órdenes para reclutar gente con la que atacar el cuartel desde el Ayuntamiento o impedir la salida de los mineros, Juan García Arias, se había escondido en una casa particular, primero, para acudir después al Hotel Lisboa, próximo a la Casa Consistorial, temiendo que la vivienda no fuera segura en medio de los combates. Y uno de sus antecesores en el cargo que también sería fusilado en 1936, el médico Carlos Garzón Merayo, sí había prestado los primeros auxilios a guardias civiles heridos.

Al anochecer del día 20, los guardias habían ocupado los edificios de la Agencia Ford y del Banco Urquijo para romper el cerco al cuartel. Los mineros usaron dinamita contra la Agencia Ford, cuenta la Historia de la Cruzada Española, y atacaron la casa del capitán Losada. Los guardias hicieron, por su parte, una incursión hasta la plaza de Lazúrtegui y ocuparon el Teatro Edesa. Y en la mañana del día 21 de julio, se atrevieron con la estación de la MSP, hasta que entrada la tarde, una columna de doscientos soldados del Regimiento de Infantería Zaragoza, procedente de Lugo, y precedidos por algunos aeroplanos, entró en la ciudad y sofocó los últimos focos de resistencia.

El balance de dos días de lucha que hacía en 1941 la Historia de la Cruzada Española fue de «treinta muertos rojos y doscientos heridos» y una serie de destrozos que Santiago Macías pone en duda porque nunca figuraron en la causa contra el alcalde. «En aquellos días, se imputaba todo lo imputable en los consejos de guerra y no aparece nada de eso en el de Juan García Arias», afirma. Sí hay señales de que los mineros trataron de volar el puente de La Puebla. La crónica de 1941, uno de los primeros relatos de las dos jornadas de lucha en Ponferrada, va aún más lejos cuando continúa su balance. «Por parte la Guardia Civil, veinte heridos, entre ellos el alférez Sancho Iruesa, la iglesia y la residencia del párroco incendiadas, las casas más ricas desvalijadas, muros abiertos por la dinamita, puentes mutilados, destrozos en líneas férreras. Por Ponferrada -”dice el libro-” había pasado el marxismo».

Ese mismo día 21 detenían en el Hotel Lisboa a Javier García Arias, que se había negado, a pesar de la insistencia de su mujer, a pedirle ayuda su suegro, Mariano Herrero, ascendido a general de brigada tras pasar a la reserva. «Lo absurdo es que no llamó a mi abuelo, porque mi abuelo viene de Palencia y lo salva», opina García Herrero, que fue testigo de la detención de su padre. «Mi madre me contó, y eso me ha quedado grabado, que yo estaba jugando fuera del Hotel Lisboa y vi pasar una furgoneta con cuatro o cinco personas. Yo salí corriendo y le dije -˜mamá, mamá, se llevan a papá en una camioneta-™».

 

La última carta

Esta historia termina con una carta. La que escribió el último alcalde republicano de Ponferrada a su mujer, horas antes de que lo fusilaran en las tapias de Puente Castro. «Para tí, Mercedes, un último abrazo del hombre que te quiso mucho y por tí luchó en la vida», escribió, con lágrimas en los ojos, Juan García Arias. Su hijo conserva la carta y el periodista puede ver la sombra que dejaron los goterones sobre la caligrafía perfecta. El alcalde de 32 años tampoco se olvidaba de despedirse de sus dos hijos. «Dedícate a hacerles hombres, a que guarden buen recuerdo de su pobre padre y a que sigan siempre tus consejos». Después, besos y abrazos a sus padres y a sus hermanos a los que pide que atiendan a su viuda «como una buena hija».

A Juan García Arias habían tardado una semana en juzgarle en León, después de tenerle encerrado en la prisión de San Marcos. Hasta León había viajado con los niños Mercedes Herrero, en un autobús que fue tiroteado durante el trayecto. Alojada en la casa de su familia política, la mujer del alcalde de Ponferrada no logró ver a su marido, que el día 28, a las 23.00 horas era juzgado en la cárcel, acusado de rebelión por los militares rebelados, junto al teniente de asalto Alejandro García Méndez, y el síndico del Ayuntamiento Arturo Pita. Los tres, considerados responsables del tiroteo del cuartel de Ponferrada, fueron condenados a muerte.

Y la sentencia se ejecutó al amanecer del día 30 de julio. A García Herrero, un guardia civil que estuvo destinado en Ponferrada y del que dice no recordar su nombre después de tanto tiempo, le contó que a su padre lo tuvieron que fusilar sentado. ¿Torturas? No lo sabe. Sí sabe que su abuelo Ildefonso García se preocupó por recuperar el cuerpo, que hoy yace enterrado en el cementerio de León.

 

Un mechón de pelo

Ildefonso García y el suegro del alcalde, el ya general de brigada Mariano Herrero, se plantaron ante un juzgado militar de León para pedir un certificado de defunción de Juan García Arias unos días después del fusilamiento. «Causa de la muerte: parálisis cardíaca», leyó el viejo militar. «Se le paró el corazón», añadió el oficial que se encontraba en el juzgado. Y Mariano Herrero, que era de la vieja guardia jubilada a la fuerza por el presidente Manuel Azaña, agarró por la solapa a aquel hombre y lo levantó en vilo, cuenta su nieto: «¡Cómo que se le paró el corazón!», le gritó. Otro oficial apareció al oír el jaleo. Vio al viejo general sosteniendo a su compañero y le pidió, por favor, que se fuera.

Unos días antes, Ildefonso García, chapista de profesión, se había atrevido a cortarle un mechón de pelo al cadáver de su hijo, ajusticiado al pie del cementerio de Puente Castro. El mechón se lo dio a su nuera, que lo llevó colgado del cuello, en una cajita metálica, mientras siguió viviendo. Pero nunca encontró el reloj.

Posteado por: Administrador | 9 junio 2011

Atenedoro Santos Encinas

Por VICENTE M. ENCINAS

El maestro de 24 años que aceleró la primavera docente y que murió devorado por la «grama perenne», tan arraigada en los campos de León

Diario de León 20/11/2005

Se llamaba Atenedoro como su abuelo paterno. Nació en Grajal de Campos, en la Calle Mayor, donde se encontraban las casas solariegas y señoriales más importantes de la Villa. Fue el día 30 de agosto de 1912. Le pusieron un nombre griego que, aunque significa regalo de la diosa Atenea , connotaba en su origen la tragedia del nacimiento de la hija de Zeus, la Minerva romana. Fue el mayor de diez hermanos, algunos perdidos en las sendas de la infancia. En 1912, Grajal había superado la crisis económica provocada por la filoxera.
El Sindicato Agrícola y su Cooperativa funcionaban como exponentes máximos de unidad y de estímulo agrícola, aunque conservaban la herencia secular, heredada del Señorío, de la sangrante división y separación de las clases sociales. En la segunda y tercera década del siglo XX, el imperativo categórico, que estimulaba y condicionaba al hombre y a la cultura de la villa, era la posesión de la tierra, la ampliación del terruño, los pares de mulas, los cántaros de vino. La cultura secundaria y universitaria eran señuelos sin sentido, sin aspiración trascendente. Lo inmediato ofuscaba crudamente las iniciativas y el progreso; y lo inmediato era la agricultura y sus productos para alcanzar unos parámetros de vida que estallaran los moldes de una existencia dura y sacrificada. En la segunda y tercera década del siglo XX convivieron en Grajal labradores honrados, atados gordianamente a posiciones ultracatólicas y conservadoras con labradores liberales que rozaban el agnosticismo, aunque acudieran a conjuros, entierros, bautizaran a sus hijos y se casaran por la Iglesia. Intentaron dinamizar la agricultura y dio comienzo un movimiento industrial que feneció sin pena ni gloria.
En esta dinámica de ilusoria transformación se olvidaron de la masa obrera, en especial campesina, que sumaba las casi tres cuartas partes de la población. La mantuvieron en la pobreza, en la mísera subsistencia del jornal temporero y en la incultura secular que producía sumisión, degradación e ignorancia. Estas dos lacras, la miseria y la incultura, serán las dos espuelas que aguijonearán al joven Atenedoro desde su primera juventud y en su defensa morirá trágicamente. Comprendió, de una manera precoz, que la educación y la cultura liberan a los oprimidos y el pan y el vino abundantes transforman a los hambrientos. Y lo comprendió desde su liberalismo familiar, aunque estuviera inserto en la clase dominante labradora. En 1924, a los once años de edad, inició el Bachillerato. Estudió «de por libre» y en un centro privado. En 1927 terminó el bachillerato y empezó la carrera de Magisterio que concluyó en 1931.
A los dieciocho años emprendió su tarea liberadora: impartir clases particulares a los hijos de los obreros de la villa, desfavorecidos económicamente y transformarlos en su situación vital y en su marginación social. La docencia en el Grajal de 1931 acusaba un panorama y unas constantes tan deficitarias que, hoy en día, nos causan el asombro y el rechazo más absolutos: dos escuelas regidas por un maestro y una maestra conservadores, pero grandes, eficaces y entregados profesionales, que, en un local atiborrado, impartían sus clases a ciento cincuenta alumnos/as cada uno, desde la edad de seis años hasta los catorce, teniendo como únicos medios el encerado y la tiza. El absentismo escolar se producía por la falta de estímulo que provocaba la incultura y, a la vez, por la necesidad de llevar, lo antes posible, el pedazo de pan a la casa poblada de hijos, que consumían vorazmente el jornal mísero y aleatorio, antes de ser ganado. 
Nuevos horizontes de enseñanza 
Cuando llegó la República, el maestro Atenedoro era «un joven inteligente, extravertido y, en consecuencia, admirado, elogiado y respetado por todos», aunque solo tenía dieciocho años. En aquella sociedad agrícola, cerrada en sus propias estructuras sociales, terriblemente diferenciadas, que carecía de altos parámetros culturales, provocadores de superación, la figura de Atenedoro, con sus recios valores personales y su carrera, era admirada y elogiada por el pueblo. Y también «envidiada». Pecado capital que subyace en las graves acusaciones que lo condujeron a su trágico final. Durante el curso 1932-1933 ejerció la docencia como maestro interino en el pueblo de Lorenzana. En 1933-1934 le asignaron la escuela del poblado vecino de Cuadros. Y, desde un principio, como fiel liberal republicano, con los esquemas aprendidos y asimilados de las doctrinas de la Institución Libre de Enseñanza, cumplió escrupulosamente las órdenes emanadas del Gobierno de la República. Frente a la ortodoxia de una docencia fundada en la religión, el orden, la familia, la paz… opciones legítimas y tradicionales, se rebeló y escogió la cultura, la igualdad, el reparto, el trabajo, la fraternidad, la libertad de conciencia… Pura heterodoxia de 1932 frente a una ortodoxia secular. Libertad de conciencia en todos los aspectos fundamentales del hombre frente a obligación regulada por el orden y el dogmatismo. Durante los dos años que estuvo de maestro en estos dos pueblos cercanos a León y anteriormente cuando cursaba magisterio, frecuentaba asociaciones y círculos intelectuales de izquierda en la capital provincial. Paseaba frecuentemente con don Julio del Campo, escultor, filántropo y arquitecto del ayuntamiento de Grajal. En 1934 obtuvo en propiedad la escuela unitaria de Escobar de Campos.
Residía en Grajal y se desplazaba, a diario, en bicicleta a su escuela. Continuó dando clases por la tarde a niños humildes, una vez que regresaba de Escobar. Su trayectoria profesional durante el bienio 1934-1936 como titular de la Escuela de Escobar, fueron tan innovadoras, profundas y eficaces, que se granjeó la estimación de los vecinos. Hasta el alcalde y el jefe de Falange de este admirable pueblo le calificaron de «excelente profesor» en el proceso que le condenó a muerte en 1937. Abrió, aún más, los dilatados horizontes de esta Tierra de Campos, trasladándolos a la enseñanza.
Realizó excursiones por la provincia con sus alumnos; actividad insólita en aquellos tiempos, lugares y circunstancias; aplicó métodos nuevos a la docencia; insertó el respeto, confianza y sentido de la justicia en los escolares, como una nueva forma de culturizar la ignorancia sostenida. Su forma de enseñar denotaba claramente la influencia del grupo cultural-excursionista Inquiteudes, al que perteneció, y del que formaban parte los Inspectores de Enseñanza primaria de León. Cumplió a rajatabla las órdenes que, procedentes de Madrid, eran aplicadas por la Inspección de León en los pueblos. Dada su militancia, asumió las disposiciones republicanas con entusiasmo. Hizo de la Constitución «el tema central de la actividad escolar» y enseñó «la laicidad, el respeto a la conciencia del niño, libre de toda propaganda política, social, filosófica o religiosa». La República creó en Grajal, en 1932 y 1934, otras dos escuelas más para eliminar la masificación y modernizar la enseñanza de acuerdo con niveles de edad cronológica y mental. En el inicio del curso 1934-1935 tomó posesión de la Escuela de Niñas número 1 la joven maestra Julia Arranz Arranz, nacida el 10 de noviembre de 1912 en Aldeayuso, un arrabal de Peñafiel (Valladolid). Traía consigo ideologías diferentes, inmersas ya en los principios renovadores de la enseñanza: rechazo del poder del clero sobre el sistema educativo, supresión definitiva de la Monarquía, reivindicación de derechos civiles, aceptación sin escrúpulo de la Constitución y liberación de las masas por la cultura. Es cierto que, en sus comportamientos personales o profesionales, ni ella ni Atenedoro provocaron u ofendieron a la clase monárquica-conservadora, o atacaron a la simbología religiosa, a pesar de sus creencias; pero esta conducta no fue, como era lógico, del agrado del clero local que posteriormente intervino en su depuración y condena. Julia Arranz conectó de inmediato con el maestro Atenedoro, tanto en ideales como en afecto sentimental, provocando ante el clero el rechazo por su tímida apertura de manifestación pública, tierna y emotiva con Atenedoro. La maestra Arranz protestó e informó a la Inspección del estado lamentable en que se encontraba, en 1936, el local aula donde impartía la enseñanza. Logró clausurar la escuela durante cuatro meses. A pesar de las reclamaciones y de las gestiones del alcalde y miembro del Consejo Escolar Local, Jacinto Pascual López, el aula se volvió a abrir sin haber realizado reparación alguna y con toda la peligrosidad que conllevaba. El joven maestro Atenedoro no solo intentaba transformar la mentalidad de sus alumnos hacia una abertura cultural, sino que se adentró en aquel mundo jornalero, bracero, peonal y proletario de la agricultura graliarense. Pretendió impregnarles de la «ilustración» de sus derechos sociales, laborales, humanos en una palabra. 
El largo calvario de la represión
Llegó julio de 1936. Atenedoro, con 23 años, era considerado como un personaje intelectual con influencia profunda en la docencia y en el mundo obrero de la villa; un consejero y dirigente cualificado en la sombra por sus conocimientos en política, sociedad y movimientos liberadores. Digo en la sombra porque el ambiente estaba tan encanallado y turbio que las palabras en la luz se convertían en delitos condenables, tanto en una como en otra vertiente. Atenedoro estaba comprometido con la actuación republicana de izquierdas, lícita y normal dentro de los parámetros de libertad política, sancionada por la Constitución y las leyes de convivencia del momento.
Cuando los obreros de Grajal, el 16 de abril de 1936, hambrientos y desesperados, asaltaron la Panera Comarcal, sita en los salones del Palacio Condal y se llevaron parte del trigo almacenado y al día siguiente se produjo el motín con sangre y disparos en la Plaza Mayor, la sombra del dedo apuntador se dirigió, cruel y falazmente contra Atenedoro, quien nada tuvo que ver con los hechos, ni fue por ello procesado. Sus convicciones éticas no se lo permitían. El día 27 de julio de 1936, a las 10.30 horas de la mañana, cuando impartía clases a dos niños, hijos de humildes obreros, en la Calle de San Pelayo, fue detenido en Grajal y confinado en la cárcel de Sahagún. A Atenedoro se lo llevaron para un viaje sin retorno. El Rector de la Universidad de Valladolid lo destituyó de su plaza de Maestro Titular de Escobar, el día 10 de octubre de 1936. En Sahagún permaneció encarcelado durante seis meses. Allí soportó el hacinamiento y convivió con la tortura y la muerte de los obreros que procedían de Grajal y de los pueblos limítrofes. Su vida en el presidio del partido se convirtió en zozobra permanente. Un dilatado y sospechoso corredor de la muerte. El día 13 de enero de 1937, el jefe de la Prisión envió un oficio en el que exponía que «aquellos presos peligrosos (…) se encontraban en un incómodo encierro (…) no sabían qué hacer con ellos, ni conocían las causas de su detención ». El oficio tuvo respuesta inmediata. El día 25 fueron trasladados ante el Juez Militar de León e ingresados en el depósito de presos de San Marcos. Atenedoro fue ubicado en la sala tercera. Su estancia en San Marcos se encuadra en la desgarradora narración y personal testimonio que nos ofrece Victoriano Crémer, preso en la Sala número cinco, de aquel «antro de las más crueles moribundias» en su Libro de San Marcos . A pesar de los informes favorables del Juzgado de Instrucción y Juzgado Municipal de Sahagún, del médico de Grajal… en el sentido de que « nunca había sido penado por delito alguno y haber observado siempre buena conducta» , el 29 de marzo de 1937 se le inició el auto de procesamiento que fue concluido el día 7 de abril. El día 2 de junio de 1937 se determinó la hora, el lugar, presidente, vocales, Juez Instructor, defensor y fuerzas de seguridad para el desarrollo del un Consejo de Guerra, por procedimiento sumarísimo, contra cuarenta y ocho vecinos de Sahagún y su partido. De ellos nueve, incluido Atenedoro, eran de Grajal. Todos estaban encausados por un delito de rebelión militar. En este mismo día Atenedoro fue trasladado de San Marcos a la cárcel provincial. 
Macrojuicio, amor trágico y fusilamiento 
Amanecía el día 3 de junio de 1937. Ante el Palacio de los Guzmanes se producía una agitada y preocupante tumultuosidad de fuerzas de seguridad, letrados, militares y de gentes a quienes inquietaba aquel juicio. A las nueve de la mañana comenzó la sesión. El Fiscal solicitó, de forma definitiva, la pena de muerte para Atenedoro por delito de rebelión militar, con la agravante de gran trascendencia de los hechos y la peligrosidad del encausado.
El Teniente Defensor aseguró con firmeza que Atenedoro no era persona peligrosa y que proporcionó buenas enseñanzas a sus discípulos limitándose a cumplir órdenes superiores y nunca llevó a Escobar una orden para que se armase el pueblo, pues no ocurrió nada extraño a la normalidad. Era una persona de hombría de bien y buena conducta. El mismo día 3 de junio, el Tribunal del Consejo de Guerra dictó sentencia.
Atenedoro Santos Encinas, Maestro Nacional de Escobar de Campos fue condenado, como autor responsable de un delito de rebelión militar, con circunstancia agravante, a la pena de muerte. Los delitos que se le atribuyeron fueron los siguientes: Estar afiliado a Izquierda Republicana,(…) amistad y reuniones con el Benito Pamparacuatro en forma clandestina, contactos con la Casa del Pueblo de León, de ideas comunistas y peligroso, que daba enseñanza comunista en la escuela considerado como uno de los culpables de lo acontecido en Grajal de Campos (…). es de apreciar en Atenedoro Santos la circunstancia de su gran perversidad (…) y manifiesta peligrosidad. A nuestro juicio, los hechos imparcialmente investigados y los testigos que informaron contradicen tales y tan categóricas aserciones y afirmaciones, que le condujeron a la execrable condena. Su actuación no traspasó los límites de libertad y de protesta permitidos en la Constitución y hoy sería considerado como un libre republicano de izquierdas. La noticia de la condena a muerte conmocionó a Grajal.
El alcalde Pedro Gayo Conde, guardia civil retirado, cuyo hijo Eusebio, militar, había sido asesinado en Paracuellos, mostró toda su grandeza humana, una vez más, y se apresuró a enviar urgentemente, el día siguiente 4 de junio, petición de indulto al General Franco. El día 5 reunió a la Corporación, le leyó el telegrama enviado y la Corporación asintió por unanimidad. La familia recurrió a toda persona influyente en esferas provinciales para transmutar la sentencia. Todo fue inútil. Amistades, familiares, Julia, la novia inquieta, recorrieron las calles del pueblo, se personaron en los corrillos de la Plaza Mayor a la salida de la Misa Dominical para recabar firmas y conseguir el indulto. Con las firmas se presentaron en el Cuartel General del Generalísimo en Salamanca. La petición fue un estrepitoso y decepcionante fracaso. A las 00.00 del 21 de junio de 1937, cuando terminaba la primavera y comenzaba el verano, el Juez Instructor le notificó a Atenedoro que la sentencia de muerte había sido declarada firme por la Autoridad Militar y confirmada por S. E. el Jefe del Estado . Acto seguido ordenó la entrada en capilla, por espacio de tres horas. Allí, al lado de Atenedoro, se encontraba Julia, la novia enamorada para celebrar la triste, pero insólita ceremonia de su matrimonio, de un enlace postrero que unirá efímeramente a dos seres que se aman hasta la muerte. El Capellán del Ejército, Teófilo García, impartió cuatro sacramentos a aquel maestro que aparentaba ser agnóstico por la gracia de Dios. Ni un beso de arcilla enamorada en aquellos instantes trágicos y fugaces de una imposible noche de bodas. Por el contrario, le aplicaron seguidamente la extremaunción «in artículo mortis», cuando sus 24 años eran una unción de vida exuberante, primaveral como la primavera que moría. A Julia se le formó expediente de depuración y fue castigada con la prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de un año e inhabilitación para cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza de los maestros . A las tres de la mañana Atenedoro fue entregado al jefe del piquete de ejecución. Tres horas después, a las seis de la madrugada, Atenedoro Santos Encinas , natural de Grajal de Campos, Maestro Nacional de Escobar de Campos de 24 años de edad fue pasado por las armas en el Campo de Tiro de Puente Castro. Las ilusiones se habían esfumado, cruelmente, como un golpe frío e inexorable. Los acontecimientos, imparables, terminaron en un desenlace trágico mientras las aguas del Torío, limpias de nieve invernal, corrían como ojos acusadores y huían espantadas las madrugadoras grajillas de La Candamia.
Posteado por: Administrador | 6 agosto 2009

Juan Rodríguez Lozano

Capitán Lozano

Capitán Lozano

Nacido en Alange, Badajoz, el 28 de julio de 1893 y ejecutado en el campo de tiro de Puente Castro el 18 de agosto de 1936. Era hijo de un teniente de Infantería, Sebastián Rodríguez, aunque a edad temprana quedó huérfano al morir éste en la Guerra de Cuba, lo que le llevo a vivir con sus tíos en Pola de Gordón, donde conocería a la que sería su esposa, Josefina García.

Como su padre, siguió la carrera militar y en agosto de 1913 ingresó en la Academia  de Infantería de Toledo. En 1916 era segundo teniente, y fue destinado al Regimiento de Infantería Burgos nº 36, con sede en León. En 1917 intervino como abogado de oficio en los consejos de guerra que se incoaron en la cuenca minera leonesa como consecuencia de la huelga general de 1917.

En 1918 fue destinado al Regimiento de Infantería Serrallo nº 69, con base en Ceuta, para combatir a los rifeños, luchando a las órdenes del general Sanjurjo. En julio de 1919 se casó en Pola de Gordón con Josefina, para lo que obtuvo la licencia correspondiente. Permaneció en el protectorado español de Marruecos hasta 1923. Obtuvo la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo “por méritos contraídos y servicios en la zona de nuestro protectorado en África”, así como la medalla del Homenaje otorgada por el rey Alfonso XIII.

En 1923 regresó a la península, siendo destinado primero a Lérida, donde nació su hija Josefina y fue ascendido a capitán y, después a León (1925), donde se integró de nuevo en el Regimiento de Infantería Burgos nº 36, en el que permanecería hasta su muerte, con un paréntesis en 1935. Desde 1922, fue profesor de las clases de tropa, primero en las escuelas de cabos y, desde 1925, en las de suboficiales. En 1928 recibió la Medalla de la Paz de Marruecos. En León nació su hijo Juan, padre de José Luis Rodríguez Zapatero.

El 5 de octubre de 1934 los mineros asturianos se levantaron en armas contra el gobierno radical-cedista. Esta sublevación fue impulsada por el PSOE y la UGT, con la participación del resto de fuerzas obreras, como una sublevación simultánea en todo el territorio nacional, pero donde mayor incidencia y seguimiento tuvo fue en Asturias. El capitán Lozano salió de León el día 12 acompañando a su jefe, el coronel Lafuente a Campomanes para frenar a los revolucionarios. El 14 de octubre el grupo de reconocimiento que comandaba el capitán Lozano fue intensamente tiroteado en Ronzón, en Lena. Cuando finalmente López Ochoa dio orden de penetrar en el Caudal, el 18, participó en la toma de Pola de Lena y Ujo como parte de la columna dirigida por el coronel Lafuente. El día 19 llegó a Mieres donde el coronel Lafuente Baleztena fue nombrado comandante militar siguiendo el capitán Rodríguez Lozano como ayudante suyo. Allí permaneció hasta el 31 de octubre, día en el que regresó a León.

Como consecuencia de los sucesos revolucionarios, El Socialista, órgano del PSOE, fue clausurado y sus locales registrados. En los registros apareció una carta que meses antes el capitán Rodríguez Lozano les había remitido. El 17 de noviembre fue citado a declarar por primera vez ante el Juzgado Militar número 6 de León, para responder de la misma. Sus superiores, el general Bosch y el jefe del acuartelamiento en el que Lozano estaba destinado, del que había sido ayudante en Asturias, el coronel Vicente Lafuente, declararon que, aunque la conducta del capitán era favorable, sus simpatías socialistas eran “incompatibles con su profesión y condición militar” por lo que creían “conveniente su separación”. El expediente militar número 436, conservado en el Archivo Militar del Ferrol (el archivo de la región militar noroeste) permite saber también que el capitán Lozano estaba afiliado a una logia masónica leonesa (la logia Emilio Menéndez Pallarés) y que era conocido en los círculos socialistas y radicalsocialistas de León. A consecuencia de todo ello, Rodríguez Lozano fue condenado, el 22 de abril de 1935 a ocho meses de suspensión de empleo y sueldo por “falta grave”, dado de baja en su destino y pasado a la reserva en condición de “disponible forzoso” (lo que reducía su paga a un tercio).

Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, solicitó que se le aplicase la amnistía a los imputados por los sucesos revolucionarios de 1934 concedida por el nuevo gobierno y que, aunque su condena ya había sido cumplida, ésta fuese eliminada de su hoja de servicios. El 30 de abril le fueron concedidos finalmente los beneficios de la amnistía, reincorporándose a su destino en León.

 Al conocerse las primeras noticias de sublevación militar, el capitán Rodríguez Lozano se encontraba, junto con su familia, en San Pedro de Luna, hoy desaparecida bajo las aguas del pantano de Luna, donde estaba pasando unos días de vacaciones en casa de su hermana. Tras conocer las noticias, volvió a su acuartelamiento en León, en donde la situación seguía siendo aparentemente de calma, con proclamas del gobierno de que la situación estaba controlada y de que únicamente se había sublevado el ejército de África.

Las autoridades civiles, como el alcalde, Miguel Castaño, el gobernador civil, Emilio Francés Ortiz, el presidente de la Diputación Provincial, Ramiro Armesto o el delegado del Gobierno en Campsa, Alfredo Barthe, son detenidas el día 20 de julio tras la marcha de la columna de mineros asturianos en el Gobierno Civil, entre ellos el capitán Rodríguez Lozano. Tras unos días de reclusión en la Prisión Provincial fue trasladado a San Marcos convertido en prisión.

Juzgado en un consejo de guerra sumarísimo, fue condenado a muerte (la causa instruida contra él, que debería encontrarse en el Archivo Militar del Ferrol, donde se encuentran los procedimientos sumarísimos incoados durante la represión contra los presos republicanos en Castilla y León, Galicia y el País Vasco, está desaparecida). Pudo escribir de puño y letra su testamento (el cual sería entregado el 29 de agosto, junto con el certificado de defunción del capitán al notario Arturo García del Río) y recibir la visita de su mujer antes de morir. El 18 de agosto de 1936 fue fusilado en el campo de tiro de Puente Castro. Con él fueron ejecutados el comandante del Ejército retirado Timoteo Bernardo; el inspector de Primera Enseñanza Rafael Álvarez; el delegado del Gobierno en CAMPSA, Alfredo Barthe, y el vecino leonés Domingo Fernández Rey.

Extractado de la biografía en Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Rodríguez_Lozano

Posteado por: Administrador | 20 mayo 2009

Miguel Castaño Quiñones

Miguel CastañoNatural de León, nació el 5 de febrero de 1883. Comenzó trabajando como tipógrafo en la imprenta de La Democracia propiedad de Francisco Sanz y dirigido por Daniel Calvo, periódico del que posteriormente fue director y propietario. A la sazón se convertiría dicho periódico en un trasunto de órgano de prensa del socialismo leonés.

Pronto lo encontramos vinculado a la Agrupación Socialista de León. Concejal socialista del Ayuntamiento de León desde 1912 junto con José Antonio Álvarez Coque y Miguel Carro Llamazares.

Estuvo encarcelado con motivo de la huelga de 1917. Candidato socialista por el distrito de La Vecilla (León) en las elecciones de 1918 y 1919, sin resultar elegido. Fue el primer alcalde republicano y socialista de León en abril de 1931, puesto que ocupó durante todo el período republicano excepto un año que el ayuntamiento estuvo regido por una gestora municipal nombrada por el Gobierno tras la revolución de octubre de 1934.

Por fin, en las elecciones para Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931 obtiene el acta de diputado por León con 46972 votos. Cargo que ocupa hasta octubre de 1933.

Repuesto como alcalde tras la elecciones de 1936. Al estallar la guerra fue detenido en el Gobierno Civil de León, sometido a Consejo de Guerra los días 4 y 5 de noviembre, fue condenado a muerte y fusilado el 21 de noviembre de 1936 en el campo de tiro de Puente Castro en León.

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